Canales de denuncia obligatorio en empresas de 50 a 250 trabajadores

Con la aprobación de la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción, todas las empresas de más de 50 trabajadores tendrán que disponer de un canal de comunicación de incumplimientos (o canal de denuncias) implantado, para que, a través de él aquellas personas que tengan conocimiento de conductas irregulares cometidas en el seno de la empresa puedan informar a los organismos oportunos de los mismos para que se puedan adoptar medidas destinadas a paliarlas y evitar su continuación.

Ello ha sido consecuencia de la trasposición de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2019, relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión.

Esta obligación entró en vigor el pasado mes de julio para aquellas empresas que superasen los 250 trabajadores y ahora le ha llegado el turno a las empresas que, no superando esta cifra, sí cuentan con más de 50 trabajadores en su plantilla. La Ley 2/2023 dispone que todas estas empresas deben tener un canal de denuncias establecido antes del 1 de diciembre de 2023. Esta obligación no es algo que debamos tomar a la ligera, ya que el incumplimiento puede tener graves consecuencias.

¿Tienes más de 50 empleados? ¿Qué significa esto para tu empresa?

Esta nueva obligación para las personas jurídicas del sector público y del sector privado implica que se debe implementar un canal de denuncias a través del cual los trabajadores puedan reportar posibles violaciones de la normativa que puedan suponer un riesgo para los intereses de la Unión Europea, de forma confidencial y segura. Entre las conductas que pueden causar tal situación de riesgo, podemos encontrar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, la financiación irregular de partidos políticos o los riesgos relacionados con la energía nuclear o la seguridad en el transporte. Este canal debe ser accesible, garantizar la privacidad del denunciante y permitir la comunicación durante el proceso de tramitación de la denuncia.

La Ley 2/2023 no solo indica que se debe establecer este sistema, sino que también proporciona directrices sobre la gestión del canal, además de una serie de disposiciones sobre la protección de datos personales en estos canales. Este es un proceso que requiere un enfoque cuidadoso para garantizar el cumplimiento normativo completo del sistema de gestión de informaciones, protegiendo tanto a la empresa, a los informantes, las personas afectadas por la comunicación y, en definitiva, el interés general de la Unión Europea.

¿Por qué es importante contar con un sistema de comunicación de infracciones?

La implementación de un sistema de comunicación de infracciones adecuado no solo es un deber legal para las entidades obligadas, sino que también puede servir para mejorar el entorno laboral y ser conscientes de las distintas actividades que, aunque no supongan per se un incumplimiento de la normativa, puedan alterar los principios éticos de la compañía. La existencia de estas vías de comunicación permite a los empleados y otras partes interesadas, sentirse seguros al reportar posibles irregularidades, favoreciendo una cultura corporativa transparente y ética. Por ello, la ley ha reforzado la participación del órgano de administración de la empresa en su funcionamiento, mediante el nombramiento de un responsable del canal, que emitirá informes periódicos para este organismo y que servirá interlocutor con la Autoridad Independiente de Protección al Informante (A.A.I.).

Por otro lado, se establecen una serie de medidas de protección de las personas trabajadoras y otros sujetos interesados que puedan haber tenido conocimiento de actividades irregulares para evitar represalias contra ellos y, así, fomentar el uso del canal como un recurso ordinario en el cumplimiento normativo de la entidad. Entre estas medidas, destaca la obligación de permitir denuncias anónimas o la obligación de contar con una política del canal en la que se enuncien los derechos de que gozan quienes hagan uso del mismo.

Las empresas que no cumplan con esta obligación se enfrentan a potenciales sanciones económicas, así como a los importantísimos daños reputacionales que se producen cuando un incumplimiento de este tipo salta a la palestra. En un mundo donde la responsabilidad corporativa es cada vez más valorada, es vital asegurarse de que se cumplen todas las obligaciones legales, tarea en la que un canal de comunicación de incumplimientos efectivo se convierte en una herramienta indispensable.

¿No sabes por donde empezar? ¡Podemos ayudarte!

En i2Ethics, entendemos la importancia de este proceso y estamos aquí para ayudarte. Nuestro equipo de profesionales tiene una amplia experiencia en la implementación de canales de denuncia, y podemos ayudarte a implementar un canal de comunicación de incumplimientos plenamente adaptado a las nuevas exigencias normativas.

Sabemos que cada empresa es única y, por lo tanto, ofrecemos soluciones personalizadas que se adaptan a las necesidades específicas de cada una de ellas. Nuestro objetivo es hacer el proceso lo más fácil y eficiente posible para que la Ley 2/2023 no te pille por sorpresa.

Asegúrate de que tu empresa está cumpliendo con sus obligaciones legales. Contacta con nosotros hoy mismo para implementar un canal de comunicación de incumplimientos en tu empresa. Estamos aquí para guiarte a través de este proceso y acompañarte en la tramitación de las comunicaciones que se puedan recibir. ¡No esperes hasta el último minuto, actúa ahora!