Disminuir el riesgo penal de las empresas es el objetivo principal de la Especificación ‘Sistema de gestión de riesgos para la prevención de delitos en las organizaciones’, un modelo de gestión pionero en España que busca minimizar la posibilidad de que se cometan delitos en el seno de las organizaciones que lo apliquen. Uno de los medios a implementar consiste en un canal de denuncias que garantice la confidencialidad
La Especificación está dirigida a todo tipo de organizaciones, tanto públicas como privadas y de todos los sectores y tamaños; y ha sido elaborada por Aenor (Asociación Española de Normalización y Certificación).
Entre otros delitos susceptibles de ser cometidos en las empresas, el Código Penal recoge desde las estafas y fraudes hasta los delitos contra el medio ambiente, pasando por el blanqueo de capitales o contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
Este sistema establece los requisitos para definir, implantar, mantener y mejorar un sistema de gestión de riesgos para prevenir los posibles delitos que puedan cometerse en las organizaciones, y que lleven aparejada responsabilidad penal de las mismas o sus administradores de hecho o de derecho.
Asimismo, tiene como objetivo reparar y disminuir los efectos de los dolos cometidos. El modelo acredita que las organizaciones han implantado un sistema de gestión eficaz para la prevención de delitos. Este se basa en el ciclo de mejora continua e incluye no sólo elementos para la vigilancia y control, sino también requisitos orientados a la gestión y planificación, así como al análisis periódico y la mejora del mismo. La acreditación de la diligencia de la persona jurídica en la prevención, control, denuncia y reparación de los delitos a ella imputados, a través de la implantación de este modelo, abre la posibilidad de atenuar su responsabilidad penal y hasta eximirlas, tras la reforma del Código Penal, actualmente en tramitación. Banco Santander, junto con sus filiales en España, se ha convertido en la primera empresa que obtiene esta certificación.
Entre otros requisitos, este modelo establece que las organizaciones deben integrar la gestión del riesgo en todas las actividades y procesos de la organización. Los órganos de administración y la alta dirección deben asegurarse de que se establecen los objetivos necesarios para la prevención de delitos y mostrar compromiso con los mismos.
Los objetivos definidos por cada organización deben ser específicos, medibles, alcanzables y relevantes para la entidad. Además, se deben establecer los documentos necesarios para desarrollar un sistema eficaz de prevención, incluyendo los registros, así como los medios que aseguren su control de acuerdo a los fines del modelo.
El sistema incluye un manual que describe el alcance del sistema de gestión, los elementos principales del sistema, una relación de los riesgos penales identificados y los procedimientos establecidos. El seguimiento, medición y análisis del sistema implica establecer una serie de indicadores y controles, así como la investigación de denuncias e incidentes.
Uno de los medios a implementar consiste en un canal de denuncias que garantice la confidencialidad.
El Modelo indica que la empresa debe favorecer en toda la organización una cultura ética orientada hacia la prevención de actuaciones susceptibles de generar responsabilidad penal. Asimismo, se deben implementar y mantener procedimientos de comunicación asequibles a los grupos de interés, para conocer y atender eficazmente sus consultas, observaciones o posibles quejas respecto a esta materia.
El Confidencial: 04/04/2014
