Hoy os traemos una historia que está tomando forma en los tribunales americanos y podría sentar jurisprudencia relevante para los canales de denuncia en este país. Estamos hablando del caso de Lindsey Gulden y Damian Burch contra Exxon Mobil Corporation, un conflicto que ha levantado muchas cejas y ha llevado a muchos a preguntarse sobre la justicia y la buena praxis en el mundo corporativo.
En el centro de esta disputa, se encuentra una pregunta muy relevante y que tiene implicaciones profundas: ¿tiene competencia un tribunal de distrito para hacer cumplir las órdenes del Departamento de Trabajo que buscan reinstalar a dos informantes en sus puestos de trabajo por haberse incumplido las disposiciones de la Sarbanes-Oxley Act (SOX)? Ahora mismo, esta cuestión está siendo analizada por un Tribunal de Apelaciones y la decisión que tome será, sin duda alguna, muy significativa.
El Centro Nacional para los Informantes (en sus siglas en inglés NWC), una organización dedicada a la protección y defensa de aquellos que se atreven a denunciar prácticas indebidas en las empresas, ha estado siguiendo este caso muy de cerca. Según ellos, esta decisión podría marcar un antes y un después en la forma en que se protege a los informantes. Aseguran que el resultado de este caso será trascendental ya que puede servir como precedente para futuros casos similares y puede cambiar la forma en que las empresas tratan a aquellos que se atreven a alzar la voz.
Pero, ¿cómo llegamos hasta aquí? Todo comenzó con dos valientes individuos, los doctores Lindsey Gulden y Damian Burch. Estos dos científicos trabajaban en Exxon Mobil y en 2019, empezaron a notar algo extraño. Según ellos, Exxon estaba presentando en una declaración financiera proyecciones de producción de petróleo en Texas y Nuevo México que parecían demasiado optimistas. Sospechaban que la empresa estaba inflando las cifras sin tener ninguna evidencia sólida que respaldara esas afirmaciones. En lugar de ignorarlo, decidieron expresar sus preocupaciones a los responsables de la compañía. Sin embargo, en lugar de ser recompensados por su integridad, ambos fueron despedidos ese mismo año.
El Departamento de Trabajo (en sus siglas en inglés DOL), al enterarse de esta situación, decidió intervenir e investigar el caso. En octubre de 2022, tras una exhaustiva investigación, el DOL anunció que había descubierto que Exxon había despedido a los científicos como represalia por sus denuncias. Esta acción es una violación directa de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX), una ley diseñada, entre otras cosas, para proteger a los informantes en situaciones como esta. Como resultado, el DOL ordenó a Exxon que reincorporara cautelarmente a Gulden y Burch mientras se investigaba el caso de la falsedad en las cifras de la compañía. Sin embargo, la empresa decidió ignorar la orden.
Sin dejarse desalentar, los científicos decidieron llevar su caso a los tribunales. Sin embargo, se encontraron con un obstáculo cuando un tribunal de distrito decidió que no tenía jurisdicción para hacer cumplir la orden del DOL. Pero Gulden y Burch no se rindieron y decidieron apelar esta decisión.
Esta apelación ha captado la atención de Siri Nelson, directora ejecutiva del NWC. Nelson ha declarado públicamente que esta decisión será crucial para la protección de los informantes. Según Nelson, si no se revierte la decisión del tribunal de distrito, muchos empleados podrían quedar desprotegidos frente a posibles represalias. La SOX fue creada precisamente para proteger a los informantes y fomentar la responsabilidad ética corporativa. Nelson insiste en que el tribunal de apelación debería respaldar la intención original de esta ley y revertir la decisión del tribunal de distrito.
Junto a estas declaraciones, el NWC ha presentado un informe argumentando que limitar la aplicación de las órdenes de reincorporación iría en contra de la intención del legislador cuando creó la SOX. Según el informe, esta limitación podría poner a los informantes en riesgo de sufrir represalias y disuadiría a otros posibles informantes. El informe concluye que es esencial que los tribunales puedan hacer cumplir las órdenes de reincorporación para proteger a los informantes y a los trabajadores en general. Insisten en que no darle competencia al tribunal sobre este tema sería desastroso para los informantes corporativos y socavaría completamente la autoridad del Departamento de Trabajo. También se destaca en el informe la importancia del DOL y el Programa de Protección de Informantes de OSHA en la supervisión y aplicación de leyes como la SOX y otras leyes federales destinadas a proteger a los informantes.
