Tras la entrada en vigor de la responsabilidad penal de las empresas en el caso de empleados que cometen un fraude, las compañías intentan que sean los trabajadores quienes denuncien a sus compañeros y superiores.
Cuatro de cada diez directivos españoles consideran que hacer un regalo o sacar la chequera para conseguir un contrato para su empresa está justificado, a pesar de que se considere un delito. Aunque la realidad política y empresarial pone de manifiesto el problema de corrupción que atraviesa el país, las estadísticas tampoco ayudan a mejorar la opinión de los inversores internacionales sobre España.
El 34% de los directivos nacionales reconoce que la corrupción está presente en sus empresas, muy por encima de la media europea, que se sitúa en el 22%, según la última encuesta sobre fraude realizada por Ernst & Young. Sin embargo, tras la última reforma del Código Penal, que ya está en vigor, las empresas españolas han acelerado su lucha contra la corrupción interna, ya que ahora un juez puede condenar a una compañía por las prácticas ilícitas de sus empleados, hasta el punto de que puede suponer la disolución de la empresa.
Mientras que las grandes corporaciones europeas se decantan más por auditorías externas para vigilar a su plantilla, las firmas españolas prefieren que sean sus propios empleados quienes hagan de espías para la organización. Casi ocho de cada diez empresas nacionales cuenta con un canal de denuncias, ya sea en su versión más sofisticada, con una línea de teléfono especial, o bien un buzón en el que se depositan las sospechas sobre un compañero.
El problema radica en que, a diferencia de lo que ocurre en otros países europeos, la legislación española prohíbe las denuncias anónimas, según explica Enrique Bacigalupo, of counsel de DLA Piper en España y ex magistrado del Tribunal Supremo. Según el experto, para garantizar la eficacia de estos canales, es necesario «identificar al denunciante, pero garantizándole la confidencialidad y, sobre todo, la exclusión de represalias». Este punto es fundamental para que aflore la corrupción en cargos directivos, ya que, por su posición jerárquica en la compañía, son los que tienen más probabilidades de cometer el fraude o, incluso, autorizarlos.
A la hora de diseñar estos canales de denuncia, hay compañías que se plantean introducir incentivos. Bacigalupo explica que, si bien no hay ninguna ley que los prohíba, incluir estímulos económicos para fomentar los chivatazos puede, además de ser sospechoso, resultar peligroso para la propia empresa, que «debe salvaguardar el derecho de los empleados a no ser objeto de denuncias falsas».
Otra fórmula es ofrecer un indulto a la hora de tomar medidas disciplinarias al primero que denuncie una práctica fraudulenta en la que está involucrado junto a más profesionales de la compañía. Bacigalupo explica que esto es válido sólo a efectos internos de la compañía, porque si hay delito, cuando un tribunal lo juzgue, si bien podría tener en cuenta su colaboración como atenuante para reducir la pena, no le exime de la condena.
El abogado de DLA Piper explica que cuando se hace una denuncia, la empresa debe investigar su consistencia, pero ha de ser muy estricta con no vulnerar el derecho a la intimidad del empleado. Por ejemplo, sólo se puede revisar el ordenador del trabajo si existe un documento en el que la empresa haya informado previamente a la plantilla de que se reserva la posibilidad de revisar el ordenador. «En caso contrario, las pruebas que se encuentren serán nulas», apunta el experto.
Esta diligencia es clave no sólo para evitar conflictos legales con los empleados, sino también con los organismos anticorrupción. Una circular de la Fiscalía General del Estado dicta que los programas corporativos para luchar contra los fraudes no excluyen de responsabilidad a la empresa, que también tendrá que responder de los delitos de sus empleados.
Enrique Bacigalupo explica que se suele tener en cuenta que la buena actuación de la empresa. La clave para evitar la responsabilidad penal por los actos de un empleado es «demostrar que ha sido diligente a la hora de tomar medidas preventivas», es decir, que ha hecho todo lo posible para evitar que sus trabajadores comentan un delito.
Diario Expansion :: 01-02-2013
